Pequeñas empresas: motores del desarrollo en la región

Los programas para la atención de la Micro, Pequeña y Mediana Empre-sa (Mipyme) han resultado exitosos, pero aun insuficientes para atender las muchas necesidades que enfrentan las empresas del sector, especialmente aquellos casos en los que el emprendedor requiere de una rentabilidad inmediata.

Dentro de las mismas micro y pequeñas empresas existen niveles elevados de asimetrías, que son difíciles de llevar a una estadística. El grupo que consume la atención de las organizaciones gubernamentales y privadas de interés social es el relacionado a poblaciones vulnerables, que tratan de subsistir con lo que su empresa les genera. Detonantes como la depresión que enfrentan los sectores intensivos en la contratación de personas no calificadas presiona a este grupo a buscar soluciones por sus propios medios.

La complejidad de la reinserción en el mercado laboral los lanza a emprender, aunque el modelo de negocio no esté probado. Por el otro lado, está el grupo de jóvenes con una genética propicia para el desarrollo de emprendimientos: nulo temor a los cambios, rápida habilidad de reinvención y el manejo de la tecnología para vincularlo a su modelo de negocio.

Ambos son igual de relevantes: el primero porque el impacto social es determinante para evitar el deterioro de las condiciones de personas que tienen a su cargo un núcleo familiar; el segundo porque se trata de jóvenes que no esperan por un trabajo, siendo esta una evolución con respecto a generaciones anteriores que se enfrascaban en una lucha por ingresar al mercado laboral tradicional, aunque fuera bajo condiciones desiguales.

Si bien ambos grupos pueden recibir auxilio por parte de los programas diseñados para la atención de las mipymes, lo cierto es que resultan insuficientes para la cantidad de emprendimientos que surgen en un esquema por naturaleza desestructurado. Los programas existen y empiezan a entrelazar esfuerzos.

Del lado institucional, hay iniciativas como el Programa de Apoyo a la Mipyme del Banco Centro-americano de Integración Económica (BCIE), uno de los más ambiciosos y que ha impactado positivamente a 610.312 empresas, las cuales a su vez dan empleo a casi 880 mil personas, detalla la entidad a través de su oficina de prensa.

En el caso del sector público, el programa de Centros de Atención Mipyme de Centroamérica y República Dominicana -Cenpromype- (respaldado por el Ministerio de Economía y/o Industria de cada país) invertirá unos US$10 millones para atender a más de 16.000 emprendimientos que ya son parte del programa.

El impacto que tienen las mipymes en el entorno económico y social de la región es contundente: generan el 26% del Producto Interno Bruto de la región, emplea al 44% de la población económicamente activa y un 37% de su fuerza laboral pertenece al grupo de personas con menores ingresos, por lo que representan un instrumento de mejora en la calidad de vida de los centroamericanos, indica el documento facilitado por el BCIE a Estrategia & Negocios.

La urgencia de emprender

Cuando el desempleo amenaza o los ingresos para atender las necesidades de un hogar, muchos jefes de hogar se aventuran a dar el salto de emprender. No se trata de si se está o no listo, de si la idea es o no innovadora, sino de una apuesta de subsistencia. La generación de empleo en el Istmo crece a menor ritmo especialmente en aquellos sectores intensivos en la contratación de personal no calificado. La industria agropecuaria y la construcción ya no experimentan el crecimiento de antes, tampoco la migración a un país vecino soluciona el problema porque el fenómeno se presenta por igual en el área.

Pescadores artesanales convertidos en guías turísticos, obreros de construcción en artesanos y empleadas domésticas en propietarias de negocios de comida son tan solo ejemplos de toda una conversión productiva que se da por necesidad, e impulsada por el instinto de supervivencia. Este perfil de emprendedores es el que captura la atención de las organizaciones no gubernamentales y los esfuerzos estatales. Se trata de emprendimientos que nacen con la necesidad de generar un retorno casi inmediato.

En El Salvador, uno de cada 10 emprendimientos termina cerrando por problemas de rentabilidad, admite Iliana Rogel, directora ejecutiva de Conamype. Ante este panorama es poco lo que se puede hacer para garantizar la subsistencia de esos emprendimientos. La estrategia, en su lugar, es involucrar a la estructura de instituciones que participan de la formación en fases previas, donde todavía es válido un diagnóstico de la idea y del modelo de negocio.

La experiencia adquirida en la formación de emprendedores permite que las redes de capacitación funcionen de mejor manera. En casi toda el área, el Ministerio de Economía o de Industria lidera el proceso de la mano con las instituciones de Gobierno, universidades y con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, con las cuales unifica qué enseñar, cómo hacerlo y bajo qué modelo, para tener una sola metodología.

En es el caso de Honduras, detalla Roberto Cardona, titular de la Dirección General de Fomento a la MiPyme, es la Secretaría de Desarrollo Económico la responsable de orquestar todos los esfuerzos dirigidos a este sector. En el trabajo de campo, los asesores concuerdan en una barrera común y es el miedo a incursionar en negocios o a exportar. Por eso, el conocimiento técnico es acompañado por la construcción de una cultura y mentalidad emprendedora que permita romper los paradigmas que se tienen al iniciar un negocio, describe Ezrra Orozco, viceministro para el desarrollo de la mipyme del Ministerio de Economía de Guatemala.

“Todos los negocios son buenos, pero sucede que muchos emprendimientos se dan por necesidad y no por oportunidad; y lo que ocurre es que las personas buscan generar ingresos de manera más rápida. Lo que se necesita es mentalidad emprendedora y perse-verancia”, agrega Orozco.

Los gobiernos han logrado encadenarse con el sector y se han convertido en un cliente accesible. En el caso de El Salvador, las mipymes tienen una participación que supera el 20% del total de compras del Estado, además de generar ingresos en ventas nacionales por más de US$20 millones e incrementar la exportación en más de US$500.000.

La tentación de la informalidad

Las cargas sociales, impositivas y las burocráticas suponen un peso que muchas pequeñas empresas no pueden sostener, al menos en sus inicios. Aunque la solución no es la correcta, muchos optan por dar los primeros pasos de un emprendimiento desde la acera de la informalidad. Este comportamiento no es ajeno al resto de América Latina, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó en 2015 que, por cada pyme registrada, operan otras seis que no han llegado a formalizar su operación.

Esta es una primera barrera para hacer negocios, debido a que quedarán excluidas de los programas de compras y proveedores de los gobiernos y también de las grandes empresas. De hecho, una mipyme tiene mayor probabilidad de éxito cuando logra integrar un eslabón de la cadena de valor de una empresa grande, o como proveedor frecuente del Estado. Sin embargo, tanto la pequeña empresa de subsistencia como aquella con un alto valor agregado enfrenta dificultades a la hora de ponerse en regla.

Los costos que implica la papelería que requieren las autoridades, el monto a desembolsar por los trámites y el impacto que tiene la formalización sobre la operativa son variables que detienen a muchos.

En Costa Rica, por ejemplo, la apertura formal de una empresa puede tardar un mes según el último Doing Business, elaborado por el Banco Mundial. Y si bien las cifras son un poco más alentadoras en el resto de países (Guatemala con 18,5, El Salvador con 16,5, Honduras con 14, Nicaragua con 13) es Panamá con 6 el único con un estándar competitivo respecto a economías desarrolladas.

Si la formalización de una empresa resulta cara, lenta y compleja, ¿cómo se les está invitando a ser parte del ecosistema de la economía formal? La respuesta es sencilla, a través del reconocimiento y derecho a ser parte de los beneficios para pymes. Hoy día existe un sinnúmero de programas público-privados para financiar iniciativas, otras promueven que un porcentaje de las compras del Estado sea asignado a las pymes, además del reconocimiento para acceder a capacitación.

Esa combinación de beneficios es lo que permitió que en Centroamérica se formalizaran casi 2.000 pymes en el último año, solo a través de los Centros de Acompañamiento que tiene cada Ministerio de Economía, y que a nivel regional son apoyados por Cenpromype.

“Las empresas son informales y no quieren forma-lizarse porque entienden que es una carga. Pagarle renta al Estado para las empresas que están comenzando es difícil porque se les va la liquidez. Estamos trabajando en sensibilizar sobre las ventajas de formalizarse, de que si tienen formalidad pueden vender más productos, venderlos fuera del país, venderle al Estado”, detalla Omar Sánchez, director de innovación, emprendimiento y proyectos de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona de República Dominicana, cuyas palabras tienen la misma lógica para el resto de países del área.

El salto financiero

El acceso al capital que permita a las empresas dar un salto productivo siempre ha sido el tema en torno al cual se dirigen las críticas de los emprendedores. Empero, en los últimos cinco años puede tratarse más de un reclamo repetitivo que de una realidad. Las pymes siguen enfrentando la limitante de poseer pocos activos, o ninguno, que responda como garantía en caso de solicitar un crédito. Tampoco un histórico de volumen de ventas, datos contables u otros requisitos que exige la banca tradicional.

Si bien queda mucho por hacer, la diferencia radica en que todos los países de la región disponen de esquemas estatales para acercar mecanismos de financiamiento dirigido a las mipymes. También, en el mundo existe un mayor volumen de recursos de bajo costo para emprendedores y que permite a los bancos comerciales mejorar las condiciones para este nicho de empresas.

En el caso de un esquema estatal se puede citar al Sistema de Banca para el Desarrollo, que opera en Cos-ta Rica, el cual puede ser empleado como garantía para una operación bancaria, o incluso financiar los proyectos. Sin embargo, la figura que se utiliza es la de banca de segundo piso; es decir, que esta entidad le presta el dinero a un banco comercial que, a su vez, es el que presta la plata y el responsable de la operación. Entonces, al existir el dinero, el problema pasa más por el nivel de formalidad de la empresa o el plan de negocios, explica Geannina Dinarte, viceministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.

Para el caso de Panamá, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa facilita al empresario el aval o garantía del 60% al 80% del préstamo para que pueda cumplir con los requisitossolicitados por las entidades financieras. Esta modalidad hace posible incrementar la cantidad de casos que puedan calificar como sujetos de crédito. Los esfuerzos se repiten en todos los países de América Central y República Dominicana, con la particular convivencia de un esquema de incentivos gubernamentales; como los dos casos anteriores, junto a iniciativas estructuradas por organismos multilaterales o no gubernamentales.

El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) trabajan con bancos comerciales para que éstos coloquen fondos bajo condiciones es-peciales para las micro y pequeñas empresas.

En el caso del BCIE, ha canalizado más de más de US$2.000 millones en apoyo a las pymes, monto que convierte a este en el organismo multilateral con mayor impacto como fuente de recursos para este sector. Según indicó la entidad a través de la oficina de prensa, es muy común escuchar que las pequeñas empresas empiezan operaciones sin capital suficiente para asegurar su éxito futuro y el recurso monetario es impres-cindible para subsistir.

Partiendo desde esta premisa, el acceso a recursos monetarios va ligado al nacimiento de una empresa, su desarrollo y el posterior esfuerzo por conservar la empresa construida. El canal utilizado por el BCIE para ejecutar los programas de pymes son las Líneas Globales de Crédito, las cuales están diseñadas para que los bancos comerciales puedan disponer de recursos para atender a este sector. “Es importante promover el desarrollo de productos financieros dirigidos puntualmente a las necesidades de las mipyme. Un mayor acceso al crédito de estas empresas representa una mejora en el clima de negocios y com-petitividad a largo plazo”, indica la entidad.

Para que este dinero pueda llegar al lugar donde se espera logre un notorio impacto, es requerido que luego un banco comercial coloque el capital, y es en este momento cuando muchos emprendimientos se quedan a la deriva por la falta de estructura, datos contables, plan de negocios o por la informalidad bajo la cual opera.

“Lo que hace falta son proyectos que puedan ser ‘bancarizables’ para canalizar los recursos que hay. En el Mineco se tiene una oferta de US$50 millones para inyectar al sector financiero para que los destinen a proyectos del sector mipyme; y se han implementado otras iniciativas como capitales semillas y créditos con tasas diferenciadas para apoyar los emprendimientos”, destaca Ezrra Israel Ororzo, viceministro de desarrollo de la mipyme del Gobierno de Guatemala.

Las incubadoras de negocio, por su lado, son puente para atraer capital ángel de alto riesgo cuando la empresa a financiar ofrece una perspectiva de crecimiento exponencial, o el valor agregado de su operación es elevado. También existen otras alternativas, tipo “Kickstarter”, equivalentes a un inversionista anuente al alto riesgo, pero que sus socios son miles de personas que aportan pequeñas sumas de dinero.

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